La presión que ejercieron pobladores de comunidades indígenas de la Huasteca en contra de las omisiones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CNDH) de congelar una decena de quejas pendientes contra diversas violaciones de garantías expone la contradicción de ese organismo.
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Para este sector de la ciudadanía, tardanza, vueltas y ausencia de soluciones. Pero cuando un elemento clave de la estructura gallardista, el diputado Héctor Serrano se quejó de que el rector de la UASLP, Alejandro Zermeño, dijera una verdad, que el legislador verde no es de origen potosino, la CEDH de Giovanna Argüelles actuó de manera exprés para sacar una recomendación, politizando a una dependencia que debería ser autónoma.
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La petición al Congreso para que llame a comparecer a la presidenta de la CEDH es una apuesta que no tiene buen futuro. ¿La funcionaria acudiendo a la dependencia que controla al diputado qué benefició? No parece que la vaya a pasar mal, en caso de que lleguen a llamarla.
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Pero lo importante no es el resultado de la comparecencia, sino que la ciudadanía está empezando a cuestionar la utilidad social de la CEDH.
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Como era de esperarse, la propuesta de los concesionarios del transporte público de tramitar un rescate financiero del sector, que rondaría los dos mil 700 millones de pesos, enfrentó el rechazo oficial.
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Ni en el Congreso ni en el Ejecutivo la idea fue bien recibida, por lo que parece evidente que ese plan topó ahí con pared.
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El líder del sector, Margarito Terán, de manera entendible, sigue abogando por su idea. Pero en sus alegatos, el empresario reveló una situación alarmante y que no deja bien parada a la autoridad estatal: que más de 800 unidades ya son obsoletas.
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Se supone que la vida útil de las unidades es uno de los requisitos más relevantes a la hora de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes define quiénes reciben una concesión.
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El mal estado actual de los camiones que describe el concesionario del servicio no dejan muy bien parada la eficacia de la SCT estatal a la hora de cumplir con su labor.
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El partido Somos ganó una batalla, pero le falta otra. Consiguió recuperar el registro, y con ello, garantizar su participación en los comicios de 2027.
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Pero no ha destrabado el asunto del presupuesto, lo que pone a ese partido en una clara desventaja. Lo que queda claro es que el intento de Morena de sacarlo del juego fracasó.